miércoles, 5 de febrero de 2014

La ciudadanía ve a España como el país más corrupto de Europa

 Bruselas presenta su primer informe sobre la corrupción, donde los ciudadanos de España y Grecia, se consideran los más afectados por este problema. El informe aclara que las Administraciones Públicas acaban pagando entre un 20 y un 25% más de lo que deberían en sus contratos de obras y servicios debido a la corrupción. Teniendo en cuenta que las licitaciones públicas mueven alrededor del 18,6% del PIB, la economía española pierde más de 47.000 millones de euros en prácticas ilegales.
La Comisión Europea ha publicado el primer informe sobre la corrupción en Europa en el que se concluye que España es uno de los países donde el problema está más extendido y en el que los ciudadanos interpretan que más afecta a su vida diaria, en concreto el 63% de los españoles se consideran afectados.

Según la Unión Europea se estima en 120.000 millones el coste anual de la corrupción en todos los países de la UE, el mismo informe sugiere a España una amplia lista de medidas para solucionar y atajar el problema. En nuestro país, uno de cada cuatro euros destinados a contrataciones públicas en España se pierde en prácticas corruptas.

Para poner freno, el informe recomienda una serie de medidas a todos los gobiernos y, en el caso español, el informe es especialmente extenso, haciendo hincapié en que "Un reto especial lo constituye la corrupción política y los deficientes controles y equilibrios, especialmente en lo relativo al gasto público y a los mecanismos de control a escala autonómica y local", advierte la comisión.

Como medidas para superar esas "insuficiencias", insta a aplicar las nuevas normas sobre financiación de los partidos políticos o desarrollar la recién aprobada Ley de Transparencia para que tenga un mecanismo independiente de supervisión e implantar un sistema de sanciones disuasorias, recomendaciones que ya efectuaron las ONG y colectivos que trabajan en este campo y que se declararon decepcionados por el alcance de la nueva normativa.

El texto también advierte a España que debe acabar con las "irregularidades" que se producen en los procedimientos de contratación pública, de nuevo con especial énfasis en la escala territorial. A nivel comunitario, el incluye un anexo específico sobre la cuestión y cita un informe académico según el cual de media en Europa las Administraciones acaban pagando entre un 20 y un 25% más de lo que deberían en sus contratos de obras y servicios debido a la corrupción.

En definitiva, todos estamos pagando que unos pocos se esten llevando nuestro dinero, nuestro futuro y las ilusiones de millones de ciudadanos que cada dia se estrujan la cabeza para encontrar la forma de llegar a final de mes. 

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