Nos encontramos de nuevo ante una
convocatoria de huelga general. Esta vez nos hemos unido la mayoría de los
sindicatos (CCOO, UGT, CGT, ELA, CIG,…) el mismo día 29 de marzo de 2012 para
luchar contra una Reforma Laboral que consideramos el mayor ataque contra los
trabajadores y trabajadoras desde que tenemos la democracia.
La reforma laboral supone un
nueva vuelta de tuerca (cada vez va quedando menos rosca) en los derechos de
todos para satisfacer las demandas de los mercados financieros que están
suponiendo ajustes presupuestarios que afectan fundamentalmente a los servicios
que las Administraciones Públicas proveen a la ciudadanía y a la inversión
pública en la actividad económica. ¡Afectan directamente a nuestro trabajo!
Muchos empleados y empleadas
públicos siguen pensando que esta huelga no va con ellos, que tenemos las
condiciones de trabajo aseguradas. ¡Nada más lejos de la realidad!
Desde que está en el poder, el
nuevo Gobierno ha adoptado medidas que afectan a tus derechos y a tus
condiciones de trabajo:
-Te ha congelado por segunda vez
tu sueldo.
-Te ha incrementado la retención
del IRPF.
-Ha decidido no aportar nada al
Plan de Pensiones.
-Ha congelado la Oferta de Empleo
Público.
-Ha decidido la no contratación
de personal temporal, ni el nombramiento de
funcionarios interinos.
-Ha suprimido la tasa de
reposición en toda la Administración General del Estado salvo en “servicios
prioritarios” en que como mucho será del 10%.
-Ha amortizado la totalidad de
las vacantes generadas por jubilación.
-Ha aumentado unilateral de la
jornada laboral.
¡Y todavía falta la Ley de
Presupuestos! No sabemos que va a pasar pero lo que sí sabemos es lo que están haciendo
algunas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP: reducción salarial, reducción
de los días de asuntos propios y vacaciones, movilidad forzosa… El nuevo
Gobierno, lejos de corregir las fracasadas políticas anteriores (congelación de
pensiones, reducción del salario de los empleados y empleadas
públicos, incumplimiento de la
ley de dependencia, retirada de 6.400 millones de inversión pública, la reforma
laboral y de la negociación colectiva de junio y septiembre de ese mismo año, y
la reforma Constitucional), ha optado por insistir y profundizar en ellas:
ajuste presupuestario más drástico, nueva reforma laboral y signos de autoritarismo político. Insistir en estas
políticas es suicida.
Los empleados y empleadas
públicos hemos sido uno de los blancos preferidos de los Gobiernos de turno. Ya
nos bajaron el salario un 5% de media, ya incumplieron los Acuerdos firmados en
el ámbito de la Administración General del Estado .Contra todas estas medidas
impuestas por el anterior Gobierno les convocamos una huelga en la Función
Pública el 8 de junio de 2010 y una huelga general el 29 de septiembre del mismo
año.
La justificación del Gobierno
actual es que hay más de 5 millones de desempleados. La ausencia de actividad
económica es la que explica que el desempleo siga creciendo en España. Igual
que la destrucción masiva de empleo en nuestro país se explica por la realidad
de nuestro tejido productivo, por las opciones adoptadas en el pasado y por el
tipo de empleo asociado a ellas. A un mes de vigencia de la reforma los datos
de desempleo del mes de febrero son concluyentes: 112.269 personas más en el paro y un incremento
exponencial del número de consultas a los sindicatos por la aplicación de la
norma.
Para enfrentar el problema del
desempleo en España existen otras alternativas como las que desde el movimiento sindical
hemos promovido. Un gran pacto por el empleo
que contemple medidas en la política fiscal, en el sistema financiero, en el control
de los precios. Un acuerdo que combine medidas de flexibilidad interna en las empresas
con otras destinadas a la reactivación económica, que apunte a un cambio en
nuestro modelo de crecimiento.
Pese a nuestras propuestas y a la
disposición a negociar y cerrar acuerdos que el movimiento sindical ha
demostrado, la respuesta que se ha dado por parte del Gobierno, es una reforma
laboral impuesta. Tras más de veinte años de vigencia del diálogo social este
se ha despreciado. El presidente del Gobierno ni se ha dignado a responder a la
carta que remitieron los secretarios generales de CCOO y UGT en la que
solicitaban que se abriera el diálogo social para corregir la reforma en el
proceso de trámite parlamentario.
El Gobierno ha decidido una nueva
Reforma Laboral que, por la forma y el fondo, merece nuestro profundo rechazo,
además de mostrar indicios de inconstitucionalidad.
Una reforma que no se ha sometido
a negociación con los sindicatos, que no respeta los contenidos del acuerdo de
enero con los representantes empresariales (pese al aplauso generalizado que
entonces se le brindó) y que solo recibe el respaldo de los empresarios y de
los foros internacionales que preconizan las políticas de ajuste.
Lo que nos jugamos en esta huelga
es nuestro sistema de relaciones laborales. De ser más o menos equilibrado
pasamos a un sistema donde se inclina la balanza claramente a favor del
empresario. Un sistema donde el despido deja de ser libre para convertirse en
libre y gratuito, donde el empresario puede fijar y modificar unilateralmente
las condiciones de trabajo, donde se propicia la judicialización de la resolución
de los problemas en vez del acuerdo. Apostamos por un sistema donde se luche
por crear empleo de calidad para todos y todas.
Ya va siendo hora de que nos
movilicemos de una vez por todas y digamos ¡Basta ya de recortes! Los trabajadores
y trabajadoras, especialmente los empleados y empleadas públicos, no podemos
ser siempre los que paguemos las políticas de ajuste del Gobierno de turno.
El conflicto se puede evitar si
el Gobierno abre un proceso de negociación que culmine con un acuerdo que
modifique en profundidad el contenido del Real Decreto-Ley; modificaciones que
deberían incorporarse en forma de enmiendas en el proceso de tramitación
parlamentaria antes de que finalice el mes de marzo. La ausencia de respuesta a
nuestras demandas de negociación y las afirmaciones de los máximos responsables
del Gobierno de que la reforma no se va a modificar en lo sustancial contribuyen
únicamente a incrementar la tensión social.
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