El recorte de los servicios públicos, especialmente la reducción del
gasto social para apoyo a la dependencia, está suponiendo el incremento del
trabajo familiar de las mujeres, pues somos nosotras quienes resolvemos la
falta de atención por parte del Estado a las personas mayores necesitadas de
cuidados.
Esta obligada
responsabilidad de las mujeres se ve favorecida gracias al mantenimiento en
nuestra sociedad de una cultura que lo entiende como algo natural. Pero esta
imposición tiene otras causas fundamentales, las derivadas de una determinada
participación femenina en el mercado de trabajo: menos y peores empleos, menos
posibilidades de promoción y menos salarios que los varones.
Estas circunstancias sitúan a las mujeres, nuevamente, en el primer plano de las repercusiones de la reforma laboral impuesta por el PP:
- Las tasas de empleo femeninas bajarán aún más por la facilidad del despido.
- Las administraciones públicas podrán despedir al personal laboral, un colectivo que, en nuestro sector de la Enseñanza, es mayoritariamente femenino.
- Las facilidades de la empresa para modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores repercutirán especialmente en las mujeres, al ser las responsables de las tareas familiares.
- La posibilidad de realizar horas extraordinarias en el contrato parcial -mayoritariamente femenino- colocará aún más a las mujeres en una situación de plena disponibilidad para la empresa y con más dificultades para poder conciliar.
- Perdemos el derecho a decidir la concreción horaria de los permisos de lactancia y de la reducción de jornada.
- En esta nueva situación, los planes de igualdad en las empresas pierden toda posibilidad de incluir mejoras para el acceso y la promoción de las mujeres.
- El miedo a perder el trabajo dificultará, tanto a las trabajadoras como a los trabajadores, la utilización de los derechos de conciliación.
Tiene razón el ministro de Justicia: hay una realidad que impide a las mujeres su opción a la maternidad. Pero también tiene cinismo cuando, al mismo tiempo, aprueba una reforma laboral que fomenta esa realidad que denuncia. A no ser que su objetivo -como el de todo el gobierno del que forma parte- sea la vuelta de las mujeres al exclusivo destino del hogar y la familia.
Las mujeres no estamos dispuestas a asumir estos retrocesos. Lo que necesitamos son políticas que nos permitan el desarrollo de nuestra autonomía y el avance de la igualdad. Por ello no queremos más restricciones al derecho al aborto y exigimos más y mejor empleo y unos servicios públicos que nos liberen de la obligada atención a las necesidades sociales de cuidados. Por todo ello seremos las primeras en participar en la huelga general del 29 de marzo.
Estas circunstancias sitúan a las mujeres, nuevamente, en el primer plano de las repercusiones de la reforma laboral impuesta por el PP:
- Las tasas de empleo femeninas bajarán aún más por la facilidad del despido.
- Las administraciones públicas podrán despedir al personal laboral, un colectivo que, en nuestro sector de la Enseñanza, es mayoritariamente femenino.
- Las facilidades de la empresa para modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores repercutirán especialmente en las mujeres, al ser las responsables de las tareas familiares.
- La posibilidad de realizar horas extraordinarias en el contrato parcial -mayoritariamente femenino- colocará aún más a las mujeres en una situación de plena disponibilidad para la empresa y con más dificultades para poder conciliar.
- Perdemos el derecho a decidir la concreción horaria de los permisos de lactancia y de la reducción de jornada.
- En esta nueva situación, los planes de igualdad en las empresas pierden toda posibilidad de incluir mejoras para el acceso y la promoción de las mujeres.
- El miedo a perder el trabajo dificultará, tanto a las trabajadoras como a los trabajadores, la utilización de los derechos de conciliación.
Tiene razón el ministro de Justicia: hay una realidad que impide a las mujeres su opción a la maternidad. Pero también tiene cinismo cuando, al mismo tiempo, aprueba una reforma laboral que fomenta esa realidad que denuncia. A no ser que su objetivo -como el de todo el gobierno del que forma parte- sea la vuelta de las mujeres al exclusivo destino del hogar y la familia.
Las mujeres no estamos dispuestas a asumir estos retrocesos. Lo que necesitamos son políticas que nos permitan el desarrollo de nuestra autonomía y el avance de la igualdad. Por ello no queremos más restricciones al derecho al aborto y exigimos más y mejor empleo y unos servicios públicos que nos liberen de la obligada atención a las necesidades sociales de cuidados. Por todo ello seremos las primeras en participar en la huelga general del 29 de marzo.
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